¿Son válidas las aptitudes médicas de países de la UE?

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La globalización y la crisis han hecho que cada día sea más habitual cambiar de país para ganarse la vida, y lo mismo ocurre en el ámbito empresarial. Algunas empresas se han especializado tanto que sus servicios son demandados fuera de nuestras fronteras, así como nosotros demandamos los servicios de empresas de la Unión Europea para realizar trabajos determinados.
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Y en el ámbito preventivo, y sobretodo de la coordinación de actividades empresariales, es cuando llegan las dudas: ¿Son válidas las aptitudes médicas de países de la UE?
¿Por qué no deberían serlo? Todo emana de la misma Directiva y es lógico que un examen médico realizado en Alemania sea perfectamente válido en España. Absurdo sería hacerlo repetir, máxime cuando no es un examen obligatorio según la normativa y jurisprudencia españolas. ¿Cierto, no? Pues NO! Hemos sido testigos de la torpeza de algunos que han obligado a una empresa extranjera a repetir los certificados médicos “por si acaso” y añado por ineptitud, provocando la hilaridad de los empresarios alemanes (que nos llevan 40 años de ventaja en cultura de la seguridad y salud, por cierto) y dejando a la empresa teutona en una situación de inferioridad competitiva frente a una empresa española, a mi modo de ver.
Pues bien, para evitar este tipo de interpretaciones retrógradas, la Dirección General de Trabajo clarificó este aspecto mediante resolución de fecha  21 de diciembre de 2006 indicando que puesto que todas las legislaciones de los estados miembros deben reunir los conceptos básicos previstos en la normativa comunitaria, los certificados de aptitud médica emitidos en los países de la Unión Europea han de considerarse como válidos, y acreditan, por tanto, la idoneidad del trabajador para desempeñar su trabajo en España.
No obstante, no siempre es conocida esta resolución y diríamos que no es posible encontrarla en la red. Es por ello que creemos oportuno facilitarla para que podáis hacer uso de la misma.
Resolución de la Dirección General de Trabajo en fecha 21 de diciembre de 2006  (DGT-SGON-208LV), sobre la validez de los certificados de aptitud médica de países de la UE.
“Con fecha 27.11.06 se ha recibido en esta Dirección General de Trabajo, procedente del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su escrito de 6.11.06 en el que se plantean diferentes cuestiones acerca de la vigilancia de la salud de trabajadores de empresas que tienen centros en diferentes países de la Unión Europea, en respuesta al cual se comunica cuanto sigue.
1. Se plantea el supuesto de trabajadores de su compañía en otros países de la Unión Europea que viajan a España para realizar trabajos específicos en instalaciones de clientes suyos durante unos días o semanas. Según se informa, estos trabajadores -desplazados- cumplimentan los formatos E101 y E1, aportan documentación referente a formación en prevención, entrega de EPIs y certificados de aptitud médica para el trabajo.
Se plantea, sin embargo, la cuestión de si estos certificados son válidos en España para trabajos puntuales, como los que vienen a ejecutar, o si por el contrario deben realizarles nuevas pruebas. En definitiva se plantea la compatibilidad de la normativa española al respecto con la del resto de los países miembros de la UE.
2. Por lo que se desprende del escrito de consulta, los citados trabajadores de esos otros Estados de la Unión Europea vienen a realizar una prestación de servicios temporal a España, que se prolongará durante unos días o semanas, prestación de servicios que -entendemos- quedará comprendida en el ámbito de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios y, por tanto, ese desplazamiento temporal queda sujeto a la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento transnacional de trabajadores, por la que se transpone al derecho español el contenido de dicha Directiva.
Conforme a esta norma comunitaria y a la Ley española de transposición, el empresario interesado en un desplazamiento debe respetar a sus trabajadores desplazados durante el período de desplazamiento las condiciones de trabajo, al menos en las materias a que se refiere el artículo 3 de la Directiva, que rijan en el lugar de prestación de servicios, esto es, en España. La Ley 45/99 recoge, también en su artículo 3, esas condiciones laborales mínimas a respetar por el empresario interesado en un desplazamiento a España, entre las que se encuentra la normativa sobre prevención de riesgos laborales (artículo 3.1 e).
Ello supone que los trabajadores que habitualmente prestan servicios en otros Estados de la Unión Europea y que, con carácter temporal, son desplazados a España para la prestación de un servicio han de tener garantizado por sus empresarios, durante el período del desplazamiento, al menos esas condiciones de trabajo vigentes en España en las materias referidas en el artículo 3 de la Ley.
Por tanto, toda la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la general y la específica aplicable a la actividad concreta que vayan a realizar, les será de aplicación.
3. Cabe indicar, por otra parte, que la normativa sobre salud, seguridad e higiene en el trabajo, a que se refiere también la letra e) del artículo 3, apartado 1 de la Directiva 96/71/CE, se encuentra armonizada y homogeneizada a nivel comunitario.
Y es que legislación española sobre seguridad y salud es resultado de la incorporación al Derecho español de las Directivas europeas sobre la materia. Por consiguiente, tanto la Directiva Marco 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, como las Directivas específicas derivadas de la Directiva Marco tienen su correlación en la legislación interna española.
Del mismo modo, los Estados de procedencia de estos trabajadores, pertenecientes a la Unión Europea, deben tener igualmente transpuestas a sus ordenamientos nacionales las directivas existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Quiere ello decir que la normativa en materia de prevención de riesgos laborales se encuentra armonizada y es homogénea en el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea.
Siendo ello así, no resultaría razonable que, acreditando esos trabajadores desplazados a España el cumplimiento de su normativa nacional en esta materia se obligara a la empresa a realizar de nuevo todo tipo de pruebas para la comprobación de los requisitos necesarios para desempeñar su función en España.
En definitiva, dado que todas las legislaciones de los Estados miembros han de reunir los conceptos básicos previstos en la normativa comunitaria de general aplicación, se han de presumir válidos todos los certificados de aptitud médica que tengan realizados en sus países por los que se acredite el cumplimiento de las pruebas y demás requisitos necesarios para desempeñar su función en España.
4. Tratándose de trabajadores que habitualmente prestan sus servicios en Estados Unidos y, por tanto, en un país no miembro de la Unión Europea, y que van a ser desplazados temporalmente a España para realizar los trabajos reseñados y han cumplimentado en su país de procedencia los formatos E101 y E1 así como la documentación sobre formación en prevención, entrega de EPIs y certificados de aptitud médica para el trabajo, se entiende que la solución debe ser la misma que en el caso de trabajadores comunitarios.
Así, la Directiva 96/71/CE en su considerando (18) incide en la conveniencia de respetar el principio de que las empresas establecidas fuera de la Unión Europea no deben obtener un trato más favorable que las empresas establecidas en el territorio de un Estado miembro, principio que se recoge posteriormente en el propio articulado, en concreto, en el artículo 1 apartado 4.
Por su parte, la Ley española 45/99 también recoge esta previsión en la disposición adicional cuarta, al declarar de aplicación la Ley -y por tanto las condiciones mínimas a respetar a que se refiere el artículo 3- a las empresas establecidas en Estados no pertenecientes a la Unión Europea (Estados Unidos), en la medida en que tales empresas puedan prestar servicios en España en virtud de lo establecido en los Convenios internacionales que sean de aplicación.
En consecuencia, si la empresa de que se trate puede prestar servicios en España, el empresario estadounidense debe garantizar a sus trabajadores desplazados durante el período de desplazamiento en España las condiciones mínimas previstas por la legislación española en todas las materias del artículo 3, entre ellas, la prevención de riesgos laborales.
Obviamente, se desconoce la normativa estadounidense sobre seguridad y salud en el trabajo, por lo que si se asemeja a lo dispuesto al respecto en las normas comunitarias habría de darse por válidos los referidos certificados y demás pruebas practicadas en sus países de procedencia. En caso contrario, se entiende que habría de realizar nuevamente a dichos trabajadores las pruebas necesarias a fin de acreditar que reúnen todas las condiciones para desempeñar su función en España, de conformidad con la legislación nacional.
5. Se recuerda, en todo caso, que el criterio expuesto se emite a título meramente informativo y, en ningún caso, con carácter vinculante al carecer la Administración de competencia para efectuar interpretaciones legales con este alcance, competencia que corresponde conforme a nuestro derecho a los órganos jurisdiccionales.”

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